El pasado dos de agosto, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano participó en el panel “Movimientos sociales en Colombia”, cuya antesala fue el cumpleaños de Bogotá. El evento se llevó a cabo en la Cinemateca Distrital y estuvo a cargo de Enrique Garzón, realizador independiente y Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la Fundación.
El objetivo del panel fue presentar determinados momentos en los que se entrecruzan los movimientos sociales y el cine colombiano −cuya memoria ha sido salvaguarda en tanto, se relaciona con la historia de la capital y asimismo, de la nación−. De igual modo, se presentó la caja de tres documentales que Patrimonio Fílmico e Idartes, por medio de la Cinemateca Distrital, lanzaron en el 2015.
Aclarado lo anterior, nos disponemos a la exposición de los temas que trata la caja de documentales que hemos mencionado. Así, el primer disco de esta colección engloba el lapso que transcurre desde 1915 hasta 1960. En él se expone la manera en la que la expansión de la industria y la inversión extranjera generaron una clase obrera que vivía en una situación cercana a la esclavitud. Desde este punto, se explica la manera como esta población se organizó en gremios y sindicatos, hecho que también repercutió en los sectores campesinos y artesanales que terminaron por proletarizarse.
De igual forma, adquiere especial relevancia el movimiento estudiantil organizado que –aunque se gestó a finales del siglo XVIII– en la década del diez ensalzó la condición democrática de los jóvenes, quienes se opusieron tenazmente al mandato del general Reyes y que, además abrazaron los diversos movimientos sociales que se vivieron en Latinoamérica con el propósito de iniciar una tarea reformista en la academia. En este contexto, los congresos celebrados en Medellín, Ibagué, Bogotá y Santa Marta exigieron la depuración y cualificación de los docentes y una universidad cada vez más liberal.
Con el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez el 8 de junio de 1929, se muestra cómo esta fecha y su posterior conmemoración en 1954, ahondan en una serie de circunstancias históricas y políticas que permiten identificar las disputas que se dieron entre distintos sectores sociales y políticos de la ciudad al pretender imponer significados a lo sucedido el día del asesinato del estudiante de Derecho. Ese mismo año, con la masacre estudiantil en la que cayó Uriel Gutiérrez durante el Carnaval estudiantil en conmemoración del 8 de junio de 1929, se conminó al gobierno militar y al rector de la universidad por los hechos del día anterior en los que la fuerza pública arremetió contra los jóvenes que marchaban.
Lo anterior permite observar cómo la reivindicación del 8 de junio, fecha que se convirtió en un lugar de memoria no solo para la comunidad estudiantil, estuvo marcada por los hechos políticos del período de análisis, es decir, desde el mandato de Abadía Méndez hasta el de Gustavo Rojas Pinilla. Lo anterior imprimió nuevos significados a este suceso. A partir de ello se pone en evidencia cómo la memoria histórica se construye y se preserva en medio de tensiones sociales y políticas al ser convertida en objeto de permanentes disputas.
Cabe mencionar, además, que a finales de los años cuarenta los estudiantes universitarios hicieron parte de la Conferencia Panamericana −que más adelante se convertiría en la OEA− dentro de este escenario arengaron al pueblo a favor de una perspectiva revolucionaria, hecho que estaba también imantado por un profundo desprecio al magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, por lo que los ideales que promulgaba el candidato liberal estaban internalizados por los diferentes sectores estudiantiles, quienes relataron su punto de vista del Bogotazo desde una perspectiva conforme al discurso de Gaitán.
A pesar de lo anterior, también es sabido que como fuerza de choque al impulso que buscaba una liberación de un contexto determinado por la hegemonía conservadora, surgió una respuesta hostil y que defendía prácticas violentas. Por ejemplo, cabe mencionar el papel permisivo de la Iglesia durante el Bogotazo y durante la Violencia, en general, en que se instaba a los ciudadanos a portar armas y disparar indiscriminadamente a los “bandoleros liberales”. Así también, en tiempos de Laureano Gómez (1950-1953), el ministro de educación de la época dirigió una circular en la que se exigía una “cristianización de la enseñanza oficial”, situación que dejó en vilo a los maestros y directores de colegios del Partido Liberal.
Con lo referido en el primer disco de la caja de documentales, puede afirmarse que, durante la primera mitad del siglo XX, Colombia estuvo sumida entre tradición y modernidad. La Iglesia, jugó un papel crucial, pues con su fuerte poder, se opuso a los intentos de cambio que pretendieron generar los gobiernos liberales que dirigieron el país a partir de 1930 y hasta 1946. A su vez, es necesario mencionar que los cambios sociales que se buscaban suponían mayores derechos para la clase trabajadora y mejores condiciones de vida. Luego de décadas de movilización social estas poblaciones siguieron siendo ignoradas, si bien con un dejo paternalista del Estado o, por el contrario, con la ira propia de quien defiende al statu quo. En respuesta a esta dialéctica, la Violencia engendró frentes de resistencia campesina conformados por guerrillas liberales y autodefensas comunistas, que desde 1949 hasta 1951 consiguieron resistir la arremetida de la llamada policía chulavita, o bandas armadas de conservadores.
Desde este punto, los discos dos y tres tratan los cambios que se generaron desde la década de los sesenta hasta el reciente Proceso de paz. Así las cosas, vale aclarar que el sistema del Frente Nacional− que significó una “cooperación pacífica” de la repartición institucional del poder− surgió como un mecanismo para deponer en mayo de 1958 al dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, quien había derrocado al régimen conservador encabezado por el presidente Laureano Gómez Castro el 13 de junio de 1953.
Algunos expertos afirman que el carácter excluyente del Frente Nacional dio pie a la conformación de la guerrilla; no obstante, aunque la Constitución de 1991 abrió los espacios políticos como nunca antes, los sucesos de persecución ideológica siguieron reiterándose, lo que hace que nos cuestionemos la base de nuestra cultura política.
En la presidencia de Misael Pastrana se le da fin a cualquier intento de reforma agraria que haya tenido lugar durante el Frente Nacional. La consecuencia de esta decisión fue el auge del movimiento guerrillero y, a su vez, la declaración de principios de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Así, durante las diferentes tensiones entre fuerzas políticas, Turbay Ayala llegó a la presidencia con unos métodos de represión comparables a los aplicados por los dictadores en el cono sur. Sus juzgamientos colectivos y su estatuto de seguridad (que no distinguía entre movimientos sociales, gremios o grupos armados) generaron una temible coerción.
Posteriormente, durante los años ochenta, los grupos de autodefensa crecieron en la región norte del país como consecuencia del impacto del narcotráfico. De esta forma, los ecos de la llamada “bonanza marimbera” generada diez años atrás logró que la economía colombiana viviera una falsa prosperidad que avivó el descontento de la clase trabajadora. Gracias a este hecho tiene lugar la persecución a los agentes que promovían el cambio social.
Durante la presidencia de Belisario Betancur tuvo lugar la toma del Palacio de Justicia, en la que un comando de guerrilleros del M-19 incursionó y mantuvo cerca de 350 rehenes entre los cuales había magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del lugar. Ante las acciones de la guerrilla, la policía y las fuerzas armadas rodearon el lugar e iniciaron una operación de retoma que se extendió durante dos días.
En este contexto, se inició un fallido proceso de diálogo entre el gobierno el EPL, las FARC y el M-19. Ni la Iglesia católica o las Fuerzas Armadas, mucho menos los gremios o élites locales y regionales estaban de acuerdo con las medidas de Betancur. A esto acaeció el exterminio sistemático de los partidos de oposición. De esta manera, con los años el panorama sociopolítico se tornó cada vez más complejo debido al afianzamiento de fenómenos como el paramilitarismo y el narcotráfico, que acompañaron viejos vicios como la impunidad, la debilidad estatal y la corrupción.
De esta forma, la persecución y exterminio a los miembros de la Unión Patriótica (UP) − movimiento nacido como brazo político de las FARC durante el gobierno de Betancur− o a los desmovilizados del M-19 marcó una época de zozobra generalizada. Las élites locales vieron amenazado su poder por la insurgencia y por grupos como la UP. De igual modo, los narcotraficantes, ganaderos y hacendados locales vieron en esta politización de la guerrilla un impedimento para la consecución de sus intereses.
Hasta la actualidad se han dirimido diferentes procesos de paz con los diversos actores armados. No obstante, los movimientos sociales continúan viéndose amenazados, por lo que los asesinatos masivos a líderes sociales son un flagelo que no ha mermado con la historia sino que se ha robustecido por fenómenos como la exclusión y la falta de participación política.
Por tanto, un evento como el celebrado en la Cinemateca Distrital, resulta de vital importancia para reflexionar sobre el puente que nos une a nuestro pasado, para que así sea posible la proyección a una sociedad más consciente de sus propios procesos y al mismo tiempo de su rol dentro de la democracia. Tanto nuestros invitados, como el público que asistió a esta conferencia reconocieron el inmenso relieve que los Movimientos sociales han jugado en el contexto histórico de Colombia.