Durante la historia del cine colombiano han sido muchos los esfuerzos e iniciativas que han procurado, de una u otra forma, fomentar el crecimiento de nuestra cinematografía a través de la búsqueda de recursos que financien su labor. Algunas con mayor éxito e impacto que otras, pero en todo caso pioneras, en América Latina, en la formulación de políticas públicas dirigidas al fomento de su propia industria cinematográfica.
Un primer esfuerzo se produjo antes de terminar la primera mitad del siglo 20 cuando se promulgó la Ley 9 de 1942, por la cual se fomenta la industria cinematográfica, una suerte de respuesta a la llegada masiva de productos de Argentina y México “que reflejaban sus respectivas identidades nacionales y que, poco a poco a falta de producciones en el país, inundaron las pantallas colombianas”.[1]
Sin embargo esa Ley no tendría una aplicación práctica. La primera reglamentación, casi tres décadas después se desarrollo con las resoluciones 315 y 334 de 1972 que reglamentaban a través de un valor adicional, incluido en las entradas de cine, el fomento a la producción de cortos que eran exhibidos antes de la proyección principal del largometraje comercial.
Varios títulos que hoy destacan como memoria viva y, por qué no decirlo, clásicos de nuestra cinematografía, fueron realizados en el marco de esta política que durante el tiempo en que existió permitió dar un impulso a la producción nacional y fue un escenario de inicio y experimentación de grandes directores que posteriormente consolidaron su carrera.
Los llamados Cortometrajes de Sobreprecio fueron, como su nombre lo indica, cortos que se financiaron a través de los mecanismos de la mencionada ley y con los porcentajes establecidos por la entonces Superintendencia de Industria y Comercio y que se propuso financiar producciones nacionales con condiciones básicas como que los filmes realizados deberían tener una duración no inferior a los 80 minutos, para los largometrajes, y 7 minutos, para los cortometrajes.
También se estableció que estas producciones no podían incluir anuncios o menciones a personas, productos o entidades específicas y, por supuesto, estar aprobadas por el Comité de Clasificación.
Esta legislación, estableció la distribución de este sobreprecio entre los diferentes sectores que hacían parte de la cadena cinematográfica entregando un porcentaje de los recursos obtenidos a productores, exhibidores y distribuidores.
Años más tarde con la Ley 55 de 1985 se fusionó la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE con el Fondo de Fomento Cinematográfico. Se fijó un impuesto del 16% en el costo de las entradas, para financiar el cine nacional y se creó la obligatoriedad de exhibir cortos en todas las funciones de cine realizadas en el país con una única excepción: proyecciones de largometrajes colombianos.
Durante la etapa del sobreprecio (1972-1978), “se produjeron por lo menos 439 películas, fruto de 134 realizadores distintos”[2], una filmoteca que casi en su totalidad fue producida a color y en formato de 35mm.
La iniciativa de Sobreprecio fue el espacio en que se produjeron cortos representativos de nuestra filmografía como Agarrando Pueblo (Carlos Mayolo – Luis Ospina, 1978), El oro es triste (Luis Alfredo Sánchez, 1972), Favor correrse atrás (Lisandro Duque, 1974), o Corralejas de Sincelejo (Ciro Durán y Mario Mitrotti, 1974), entre muchos otros.
Si bien como se ha mencionado, la iniciativa permitió promover e impulsar la industria cinematográfica nacional, tuvo un ocaso inesperado, entre otras cosas, porque “los exhibidores optaron por comprar directamente los cortos (en lugar de liquidar el porcentaje acordado. La compra permitía reducir los costos e incrementar las posibilidades de obtener mayores ganancias). En poco tiempo, los exhibidores pasaron a producir los cortos a través de pequeñas empresas que contaban con una razón social diferente a la propia, empresas que nunca hacían más de siete cortos, y jamás un largometraje, pero que además obligaban al espectador a enfrentarse con un cine de calidad muy discutible”.[3] Sin embargo, durante sus años de ejecución la política de sobreprecio logró generar un impacto que se amplió años después con la mencionada Ley 55 y cuyos resultados hoy podemos atestiguar gracias a las numerosas producciones que se conservan.
Este trabajo de conservación y preservación es precisamente parte de la razón de ser de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, así como su socialización en nuevos escenarios como los digitales que permiten una circulación a nuevos públicos. En este sentido el tema de los cortos ha sido parte de los conversatorios Memoria Activa 2020 que desde el pasado 8 de julio iniciaron una nueva etapa con el ciclo Del corto al largo, en donde hemos proyectado virtualmente cortos como El Valle del Cauca y su progreso, Lluvia colombiana, Tiempo de sequía, Gabo Premio Nobel, Nariño, la Suiza de Colombia, Esta fue mi vereda, Cuartico azul, El guacamaya, Aquel 19 y Furruquero llanero.
Alexandra Falla Zerrate, directora Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
[1] Análisis de las políticas de fomento del cine en Colombia, Bibiana Paola Acosta
[2] El cine documental en Colombia durante la era del sobreprecio, 1972-1978*, Ana María Higuita
[3] El corto colombiano, Juan David Correa